James B. Foley, que fue embajador de Estados Unidos en Haití entre los años 2003 y 2005, opinó que las tropas de su país "tendrán que intervenir" en la nación caribeña como lo hicieron hace veinte años cuando sacaron del poder a Jean-Bertrand Aristide y evitaron, opinó, "peores resultados".
Sin la cobertura militar de EEUU, Foley dijo dudar de que logren siquiera entrar en Haití los soldados y policias de la fuerza internacional decidida por la ONU.
De no cambiar la actual resistencia de EEUU a enviar tropas a Haití, algo que la generala a cargo del Comando Sur dijo recientemente que sería cosa de horas con la autorización de Washington, la Casa Blanca estaría escenificando "una ruptura extraordinaria con el enfoque estadounidense hacia el Caribe desde finales del siglo XIX", apuntó el exembajador en un texto de opinión publicado en el Washington Post y que Acento tradujo y reproduce a continuación.
Haití es una historia que parece repetirse y al mismo tiempo empeora inexorablemente con el tiempo. La reciente reunión del Secretario de Estado Antony Blinken en Jamaica con líderes políticos y de la sociedad civil haitianos rebeldes recordó un momento similar cuando yo era embajador de Estados Unidos en Haití hace 20 años.
En aquel entonces, los peores resultados se evitaron mediante una intervención decisiva de Estados Unidos. La crisis actual también podría requerirlo.
A finales de febrero de 2004, Puerto Príncipe estaba sumido en el caos. Las bandas criminales leales al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide estaban arrasando, incluso cuando una banda heterogénea de ex matones militares liderados por el señor de la guerra Guy Philippe presionaba la capital, buscando derrocar al gobierno.
En un último intento por forjar un compromiso entre la oposición y Aristide, dispuse que el Secretario de Estado Colin Powell me convocara a una reunión con jefes de partidos políticos y representantes de la sociedad civil.
La apasionada promesa de Powell de apoyo estadounidense fue rotundamente rechazada. A partir de ese momento, mi objetivo fue frustrar los designios de quienes estaban en la sala (ahora obviamente alineados con las fuerzas rebeldes que se aproximaban) y al mismo tiempo presionar a Aristide para que controlara a sus bandas ilegales.
Un baño de sangre parecía inminente. No estaba del todo claro qué bando prevalecería, ni si algún gobierno que surgiera de la carnicería sería uno que la comunidad internacional pudiera reconocer y apoyar.
Aristide finalmente perdió los nervios y se puso en contacto conmigo para solicitar a Estados Unidos que organizara su fuga del país.
Luego flanqueamos a los golpistas facilitando la toma de juramento de su sucesor constitucional como presidente. Pero fue solo gracias a la oportuna llegada de unos 2.000 marines estadounidenses que se evitó la anarquía y se estableció un gobierno interino en un proceso dirigido por haitianos.
La disfunción de Haití es una condición permanente que continúa imponiendo fuerza en la agenda de los formuladores de políticas estadounidenses. Una y otra vez, se enfrentan a una realidad que es casi imposible de comprender para los de fuera.
En la cultura política de Haití, la confianza y la voluntad de llegar a acuerdos son prácticamente inexistentes, y los actores políticos están atrapados en una interminable lucha por el poder.
En un país que sufre un enorme desajuste entre la capacidad del Estado y las necesidades de la sociedad, las cuestiones de gobernabilidad están sorprendentemente ausentes de la agenda política. Incluso para un actor externo tan poderoso como Estados Unidos, Haití es un cementerio natural para las políticas mejor intencionadas.
Hoy, Washington está una vez más tratando desesperadamente de armar un acuerdo político de transición, después de haber apoyado durante demasiado tiempo al irresponsable Ariel Henry como primer ministro.
Se trata de una carrera contra el tiempo y, en mi opinión, es poco probable que tenga éxito, o incluso que las fuerzas de seguridad internacionales entren en el país, sin que cuenten con la cobertura militar estadounidense.
Sin embargo, la administración Biden parece decidida a evitar participar en cualquier misión de seguridad internacional en Haití, incluso cuando acecha la hambruna y se está erradicando lo que queda de instituciones estatales e infraestructura pública.
Esto representa una ruptura extraordinaria con el enfoque estadounidense hacia el Caribe desde finales del siglo XIX.
La decisión probablemente esté siendo impulsada por las abrumadoras demandas y posibles contingencias que enfrentan las fuerzas militares estadounidenses en Europa, Asia y Medio Oriente. Pero si bien un Estados Unidos sobrecargado podría necesitar reconfigurar su postura global, retirarse del hemisferio occidental siempre será imposible.
Entre los muchos errores y fracasos de la comunidad internacional a lo largo de décadas, quizás ninguno haya sido más fatídico que la decisión, apoyada por la administración Trump, de retirar todo el personal militar y policial de la ONU de Haití entre 2017 y 2019.
La ausencia de una fuerza de seguridad haitiana creíble condujo al colapso progresivo de las instituciones estatales y abrió la puerta a la anarquía que ahora se apodera del país.
En la crisis actual, muchos piden soluciones lideradas por haitianos o incluso solo haitianas, pero esto no es realista en vista de la situación de seguridad.
La fuerza policial de Haití, superada en armas y número, ha luchado valientemente para preservar el Estado, pero es posible que no resista contra las bandas criminales que recientemente han formado una alianza para tomar el poder.
En estas terribles circunstancias, es extremadamente difícil imaginar cómo se puede formar un gobierno interino legítimo.
Es más probable que Philippe, a quien Washington devolvió inexplicablemente a Haití hace cuatro meses después de cumplir una sentencia federal por lavado de dinero relacionado con las drogas, tenga éxito donde se quedó corto hace 20 años: cuando fue bloqueado por diplomáticos estadounidenses en la puertas del Palacio Nacional.
Si eso sucede, Estados Unidos enfrentará un Estado fallido gobernado por criminales y narcotraficantes a unas 700 millas de Florida.
Incluso una futura administración Trump que profese indiferencia ante el sufrimiento humano en Haití tendría que lidiar con múltiples problemas de aplicación de la ley y de seguridad nacional que se extienden a nuestras costas.
Una intervención militar en Haití es comprensiblemente aborrecible para la administración Biden, dados los múltiples desafíos de seguridad que enfrenta Estados Unidos en todo el mundo, pero la situación se ha deteriorado hasta el punto de que Washington tal vez no tenga otra opción que montar una operación abreviada para suplantar a las pandillas y facilitar una transición política.
Con un nuevo gobierno en el poder, Estados Unidos podría entregar rápidamente la responsabilidad de la seguridad a la comunidad internacional, respaldada por un destacamento de policía de Kenia ya aprobado por las Naciones Unidas. Pero sin él, las posibilidades de una crisis final y de una intervención más sustancial seguirán aumentando.
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